Los indígenas frente al sistema de impartición de (in)justicia

La Dra. María Teresa Pardo Brügmann, investigadora del CIESAS-Pacífico Sur, nos comparte este texto en el que refleja las difíciles oportunidades que tienen los indígenas para ejercer una defensa justa ante una acusación penal. El artículo fue publicado previamente en el boletín Ichan Tecolotl que edita el CIESAS, (núm. 230, octubre 2009, pp. 16-17) pero esta versión contiene una actualización de la condición jurídica en la que se encuentra el protagonista de esta historia.

LOS INDÍGENAS FRENTE AL SISTEMA DE IMPARTICIÓN DE (in)JUSTIA

Ma. Teresa Pardo Brügmann. Investigadora del CIESAS Pacífico Sur

“…que yo fuera, entonces  sí estuviera aquí; así aquí estaría,  pues.”

(Santiago Jiménez Cruz, 13.03.04)

Con estas palabras me recibió el Sr. Santiago Jiménez Cruz, el día sábado 13 de marzo del 2004 que fui a visitarlo al Penal de Ixcotel. Con esta frase lo que él quería expresarme es que si él hubiera cometido los delitos que se le imputaban (portación de armas de fuego, intento de homicidio y robo), entonces él aceptaría estar en la cárcel, porque así es como debería de ser.  En términos performativos la frase también puede transcribirse como: yo no acepto estar en la cárcel (yo no entiendo porqué estoy aquí) porque yo no cometí los delitos por los cuales se me acusa y no acepto-comprendo la situación que devino de este agravio a mi persona. Situación de agravio e injusticia en la que el lector podrá  adentrase a lo largo de este escrito.

Conocí, por primera vez,  al Sr. Santiago el día 30 noviembre del 2003, cuando por petición de la Procuraduría de Defensa del Indígena -a solicitud del visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos- fui requerida como perito en lingüística para realizar un dictamen sobre el grado de manejo del español de este sujeto  y evaluar su capacidad para interactuar correctamente  en este idioma durante su proceso penal. El peritaje fue entregado el 9 de febrero del 2004, demostrando que este sujeto no era apto para ser procesado en español y que requería de un intérprete.

El Sr. Santiago es un indígena chatino,  originario del municipio de Santiago Yaitepec, tenía 26 años cuando se realizó el peritaje y se ocupaba en el oficio de la albañilería en el municipio vecino de San Juan Quiahije.  Es padre de cinco hijos -el último nació cuando él ya estaba preso-  y era el único sostén económico de su propia familia, así como de sus suegros y su cuñado.

El Sr. Santiago fue aprehendido el 29 de agosto del 2003 en  el pueblo de Juquila y durante el momento de su detención  recibió un balazo en la pierna derecha. Al poco rato se quedó inconsciente y fue trasladado al hospital civil de la ciudad de Oaxaca. Ahí le amputaron la pierna. A los dos días fue encarcelado en el Penal de Ixcotel, lugar en el que todavía se halla recluido; esperando por más de cinco años a que el juez dictara su sentencia.

Según las palabras del  Sr. Santiago los hechos ocurridos durante aquel 29 de agosto acontecieron así: aquel día,  el Sr. Santiago Jiménez Cruz  se encontraba en Juquila para trasladarse a la ciudad de Oaxaca, ahí se encontró con  un amigo que manejaba un taxi (un vehículo de   pasajeros) y el Sr. Santiago le pidió un  “aventón” a Oaxaca. El amigo le dijo que sí, pero que iban a llevar un pasaje especial. Mientras el “pasajero desconocido” llegaba, el Sr. Santiago fue a comprarse un refresco a una tienda cercana y al poco rato su amigo pasó por él. El pasajero -hasta ahora desconocido por todos, también por las autoridades competentes- ya se había subido al vehículo y había puesto su maleta en la parte trasera del auto. Al poco tiempo de haber arrancado el vehículo, los empezó a perseguir  una camioneta de la policía ministerial  y el pasajero susodicho se bajó del vehículo cuando éste todavía estaba en marcha y se echó a correr. Cuando el vehículo finalmente fue detenido, frente al asombro y la angustia del chofer y del Sr. Santiago, la policía revisó la maleta del “pasajero desconocido” y encontró dos pistolas.  Como resultado de tal acontecer, el  chofer y Santiago se asustaron y también se echaron a correr. Al poco tiempo alcanzaron a detener al chofer -quien fue recluido en el Penal de Juquila- y como no alcanzaban a Santiago le aventaron un balazo, quién como hemos dicho quedó inconsciente con una bala en la pierna, siendo trasladado posteriormente al hospital civil de Oaxaca donde le amputaron de la rodilla para abajo y después de dos días de esta operación quirúrgica mayor fue llevado preso al penal de Ixcotel.

El  Sr. Santiago me dice que se acuerda que la bala sólo le atravesó el músculo y no entiende porqué le amputaron la pierna. Sin embargo, él estaba inconsciente y aunque hubiera estado consciente quizás de nada le hubiera servido porque,  desafortunadamente, para la mayoría de la sociedad oaxaqueña  los indígenas siguen siendo ciudadanos de segunda, más aun cuando “ni siquiera saben expresarse correctamente en español”. En la actualidad el juez ya  ha dictado su sentencia. La pena consignada ha sido de 16 años y 9 meses por los delitos  de asalto y robo.  En el Código Penal el asalto se consigna  para aquellos casos en los que sin motivo justificado se haga uso de la violencia sobre una persona, siendo un agravante si ésta se ejerce en un paraje solitario. ¿Pero cómo pensar que hubo violencia en un paraje solitario cuando el inculpado ya estaba tendido en el suelo por el disparo? Es evidente que el Sr. Santiago no contó con una buena defensa, que su proceso se  extendió más allá de lo debido y que a lo largo del procedimiento los hechos se complicaron y desvirtuaron, porque mientras que los indígenas son detenidos (en situaciones casi siempre violentas) quedando coartados de su libertad durante el tiempo que dura su proceso, sus agresores quedan libres y con manga ancha para armar sus coartadas.

Hasta marzo del 2004 no se había podido comprobar la culpabilidad del Sr. Santiago como asaltante, pero al poco tiempo aparecieron dos testigos presentados por el agente que le disparó que estaban dispuestos a atestiguar esta condición. El Sr. Santiago pidió un careo con estos dos testigos, pero con una serie de argumentos de carácter burocrático no le permitieron este careo. Sin embargo, la presencia de estos dos testigos se vino a sumar a su expediente penal.

No es el caso de este artículo demostrar la inocencia o no del Sr. Santiago. Sin embargo, no se requiere ser muy versado en la materia para suponer su inocencia en el caso de intento de homicidio, ya que este delito se le fincó durante el momento de su detención. Según su propio expediente, las dos armas registradas se encontraban dentro de la maleta del “pasajero desconocido”  y los balazos acontecidos durante tal evento fueron los que impactaron la pierna del ahora acusado. Con respecto a los delitos de asalto, al parecer la población de Juquila había denunciado la presencia de una banda de asaltantes en la región y por ello se había instaurado un cuerpo policiaco. Tendría varios argumentos para decir que el Sr, Santiago no pertenecía a esta banda de asaltantes, pero por ahora mi pregunta es: ¿tiene la justicia el derecho de quitarle a uno una pierna y recluirlo por seis años en un penal sin que uno entienda su proceso, por más delincuente que uno sea?

Las causas de su detención,  objetables o no, y cuya casuística si es bien objetable en términos de cualquier reglamentación de los derechos humanos fundamentales, para el Sr. Santiago sólo se traducen en una pérdida total de su libertad para:

  • hablar, en tanto que posee un dominio insuficiente del español que no le permite defenderse en el ámbito jurídico y que tampoco le permite relacionarse con los otros presos de Ixcotel.
  • defenderse, en tanto que no posee los mecanismos (socioeconómicos, lingüísticos y culturales) para interactuar equitativamente dentro de nuestro sistema de impartición de justicia.
  • caminar, en tanto que tiene que trasladarse con muletas.

Hasta el presente, el Sr. Santiago lleva seis años recluido; llevando a cuestas la pena de no comprender el porqué de su reclusión y mucho menos las oportunidades para defenderse y tener la esperanza de salir pronto de ahí.  A ello hay que agregar,  la pesadumbre que le acongoja por no poder mantener a su familia, así como de no poder verla frecuentemente. Es evidente que las consecuencias de los hechos devenidos a partir del momento de su aprehensión lo han situado  como  un preso físicamente amputado y comunicativamente lisiado para defenderse e interactuar equitativamente con los otros reos.

El actual estado físico de este preso indígena  es indignante, su estado emocional es alarmante. Con una evidente cara triste en la que a veces se observan apenas chispazos de indignación, el Sr. Santiago me expresa, mediante su muy particular uso del español, su consternación al no entender porque está ahí, ni tampoco el porque de todos los hechos que le acontecieron. Ha optado por mantenerse bastante aislado dentro del penal y poco habla con los otros reos. Durante mi segunda visita, después de una larga espera,  lo tuvieron que ir a buscar porque no escuchó su nombre por el altavoz, “tan poco me visitan” –me dijo- y es que el pasaje de Yaitepec a Oaxaca es bastante caro y sus parientes no tienen el dinero para  trasladarse.

Hasta diciembre del 2008, el Sr, Santiago Jiménez Cruz desconocía la situación y avances de su proceso, aunque sus supuestos abogados “defensores” le aseguraban  que muy pronto saldría. ¿Cómo es posible que si la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos fue la que requirió el peritaje lingüístico, no haya mantenido el seguimiento del proceso y, a su vez, no haya solicitado un peritaje médico para fincar las responsabilidades de los culpables? Personalmente en varias ocasiones me comuniqué con la Procuraduría de Defensa del Indígena y con la Comisión para pedir este seguimiento, pero mis peticiones no tuvieron efecto. 

Por ahora, el Sr. Santiago Jiménez Cruz ya tiene 31 años, ha sido sentenciado por un delito que no cometió y tendrá que estar preso diez años más. Por considerar este  caso como un ejemplo más del sistema de impartición de injusticias al que son sometidos los indígenas oaxaqueños me he acercado al Centro Profesional Indígena de  Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIAT) con la finalidad de analizar si todavía se puede ejercer algún tipo de justicia en este caso.

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